Jueves, 25 de Abril de 2024
06 de octubre de 2005
Publicado en: LA RAZON DIGITAL, abc.es
M. J. PÉREZ-BARCO
MADRID. La familia ha sido sometida a un exhaustivo examen en cada comunidad a través de un detallado estudio realizado por el Instituto de Política Familiar (IPF). Y sus conclusiones han puesto en evidencia que además de que, en general, las ayudas que reciben resultan «insuficientes», hay diferencias abismales según la región de la que se trate. Las autonomías peor valoradas en el informe, es decir, las que menos favorecen a la familia, son Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE. Y también Canarias (CC). Las que más se preocupan: Navarra, Galicia, Castilla y León y Madrid, donde dominaba el PartidoPopular, y Cataluña, en la que existe un gobierno de coalición entre PSOE y ERC.
Aunque el IPF reconoce que casi todas las comunidades ofrecen algún tipo de medida de apoyo a la familia, el estudio demuestra que casi la mitad de ellas han eliminado algunos de los beneficios directos existentes (como Asturias y Castilla-La Mancha) o no han creado ninguna nueva prestación (Andalucía, Cantabria, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja). Sin embargo, para las familias de cinco autonomías (Baleares, Castilla y León, Cataluña, Navarra y Valencia) ha mejorado la situación, al aumentarse los conceptos de apoyo, y también para las de Aragón, Canarias, Galicia y Madrid, pues han visto cómo subían los importes de las prestaciones que perciben.
Entre las carencias que destaca el IPF figura que casi el 72 por ciento de las autonomías no actualizan sus prestaciones anualmente, que la mitad de las que otorgan ayudas directas imponen límites de rentas y que el 76 por ciento tampoco ofrecen prestaciones por el nacimiento o adopción del primer hijo. Y las cosas no mejoran para los padres que hacen frente a partos múltiples o que tienen que cuidar a personas discapacitadas y a mayores.
En cuanto a las deducciones fiscales, éstas son también insuficientes. De hecho, dice el estudio que sólo la mitad de las comunidades ayudan en este sentido, pero lo hacen en situaciones muy específicas y con limitaciones según la renta. Por ejemplo, Asturias sólo aplica la deducción cuando es necesario adaptar la vivienda para una persona discapacitada; Canarias, cuando los hijos estudian fuera del domicilio familiar; Baleares, para ayuda de guarderías y libros; y Andalucía, sólo para familias numerosas, partos múltiples y adopción internacional.
La falta de preocupación de las administraciones autonómicas por la familia también se refleja en el hecho de que sólo seis comunidades tienen una consejería de familia, sólo cuatro han legislado la creación de un observatorio de familia y sólo seis cuentan con un plan de familia.
Tener un hijo es caro. Dos, más caro todavía. Y tres... La política familiar en España es deficitaria. Se habla mucho de natalidad nula pero no se hace nada por dar prestaciones a las familias que deciden subir la tasa.
C. Trujillo
Madrid- Ser padre en España y en Alemania es, a efectos naturales, lo mismo. Pero ¿y a efectos económicos? Tener un hijo en nuestro país se ha convertido en un delirio; en una decisión que hay que pensar y repensar, no sólo por las implicaciones familiares que acarrea, sino por las fugas de dinero que provoca. Las administraciones, conocedoras del problema, no hacen nada por solucionarlo. Un dato ilustrativo del desinterés: sólo dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Navarra, cuentan con una Consejería de Familia específica. El resto, nada.
El Instituto de Política Familiar (IPF) ha reparado en éste y otros problemas y ha elaborado un informe que pone en evidencia las desigualdades que existen entre las diferentes regiones de nuestro país. Lo más llamativo es que tres de cada cuatro comunidades (el 76 por ciento) no dan ningún tipo de ayuda por el nacimiento o la adopción del primer hijo. Y sólo siete dotan con una remuneración económica a los padres a partir del segundo hijo. «El panorama es desolador. No en todas las regiones, pero casi», asegura el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder.
Y a nivel europeo, mejor ni hablar: «Para obtener las mismas prestaciones que conceden en Alemania cuando se tienen dos hijos, en España habría que tener once y el nivel de ingresos no podría superar el millón y medio de las antiguas pesetas. Una locura», se enfada el presidente del Instituto.
Pero aunque nuestro país esté a la cola de Europa en Política Familiar, hasta por detrás de países más pobres como Grecia y Portugal, lo que realmente preocupa a este organismo es el desequilibrio que hay en las autonomías.
Dentro del «denominador común» de que ningún partido político toma a la familia como «una de las prioridades políticas», hay una «gran desigualdad» de cara a este núcleo «dependiendo de la parte de España en la que se viva», afirma el presidente del organismo. En esta línea, comunidades gobernadas por el PSOE son, según el informe, las que menos voluntad política tienen hacia la familia y las que menos ayudan a este núcleo, es decir, las más desatendidas al contar con menos organismos, planes y ayudas para la familia.
Poco sensibles. Eduardo Hertfelder, al evaluar los organismos creados, los planes de familias y las ayudas fiscales de cada comunidad autónoma, concluye que «el PSOE es el partido que menos ayuda» aporta a las familias «porque es el que menos organismos de primer nivel crea, el que menos planes de familia desarrolla, el que cuenta con menos deducciones fiscales en sus comunidades autónomas y el que menos ayuda directa da».
Tal desamparo responde, según el IPF, a que todos los partidos prometen muchas cosas en períodos electorales que luego no cumplen: «Zapatero dijo que iba a extender la paga de 100 euros por hijo menor de tres años a las madres no trabajadoras y hoy, 18 meses después, no se ha hecho nada». Nada ni en una región ni en otra. De momento, las únicas que tienen derecho a recibir esa paga son las mujeres que cotizan al menos 15 días al mes en la Seguridad Social.
El resto de ayudas se reparten de forma nada equitativa. Así, en el ranking elaborado por el IPF, Navarra, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Madrid ocupan los primeros puestos en concepto de política familiar. Valencia, Aragón, Andalucía, País Vasco, La Rioja, Baleares, Murcia y Cantabria se encuentran en puestos intermedios y Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias y Extremadura están «a la cola».
Para elaborar esta tabla, el trabajo de IPF evalúa de una manera pormenorizada y tiene en cuenta los siguientes baremos: las actuaciones de las administraciones autonómicas a través de medidas implementadas en distintas áreas, tales como la creación de organismos de familia, la elaboración de planes y la implantación de ayudas directas y ayudas fiscales.
Según se extrae del informe, la familia no es una prioridad. El 60 por ciento de las autonomías ofrece ayudas «mínimas, de margen o testimoniales». Así, detalla que, por ejemplo, Extremadura y Asturias siguen sin tener ninguna ayuda directa o casi ninguna en el IRPF a la familia. Durante la presentación del texto, Hertfelder citó el ejemplo de Murcia, que da ayudas a partir del sexto hijo, medida que, a su juicio, «no ayuda a la familia». Esto provoca desigualdades e injusticias entre las familias según dónde vivan. En este punto resalta que una familia con dos hijos en Navarra recibiría 3.967 euros frente a CC AA que no reciben nada.
Además, IPF desvela que la mitad de las comunidades impone límites en las prestaciones directas, que las prestaciones no se actualizan anualmente, lo que provoca una deflación de la ayuda y que éstas van dirigidas a familias con situaciones específicas y sin atenderlas cuando más lo necesitan.
Propuestas de mejora. Tras ello, IPF detalla en el informe, dirigido por su secretario general, Mariano Martínez-Aedo, una serie de propuestas «para un mejor y más justo trato a la familia», entre las que destacan la creación de organismos para la familia (consejerías, observatorios y pactos), la elaboración de un Plan Integral de Apoyo a la Familia o de encuestas de percepción, la universalización de ayudas directas y fiscales y la actualización anual de estas prestaciones.
Asimismo, IPF pide una serie de medidas concretas de apoyo: a la maternidad y cuidado de los hijos, con la universalización de la paga de 100 euros, de la prestación de ayuda directa o fiscal por nacimiento y adopción en todas las CC AA y la creación de centros de atención a embarazadas; a los matrimonios, con, por ejemplo, la elaboración de la Ley de Prevención Familiar; a la conciliación de la vida laboral y familiar con ayudas universales para pedir excedencias o reducción de jornada; y a la vivienda con un pacto comunidad-ayuntamientos para abaratarla.
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